El pasado sábado, la madre de Víctor Caballero, de 76 años, fue atropellada por una motocicleta en La Perla, Callao. El impacto la dejó gravemente herida. Desde entonces, permanece en la UCI de la Clínica San Gabriel, con costos médicos diarios exorbitantes.
El motociclista involucrado, ha dado la cara y está colaborando con la justicia. Sin embargo, la ley actual impide que se le dicte prisión preventiva por tratarse de un delito de lesiones culposas (art. 124 del Código Penal), ya que no supera el umbral necesario para una medida de detención.
Hoy se realizó la reconstrucción de los hechos, con presencia de Jener Cáriga, abogado de nuestro estudio, peritos, testigos y autoridades. La fiscalía ha establecido un plazo de 60 días para la investigación, en los que se revisarán cámaras de seguridad, se recabará el historial clínico de la víctima y se profundizará en las circunstancias del atropello.
Este caso pone en evidencia una falla estructural en la legislación: los accidentes de tránsito con lesiones graves no tienen medidas de detención que garanticen una sanción efectiva y proporcional al daño causado. Mientras tanto, las familias de las víctimas quedan desprotegidas frente a esta situación.
El Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) cubre hasta S/24,000 en gastos médicos, cifra que en este caso ya ha sido agotada. Sin embargo, los costos diarios de hospitalización en una UCI fácilmente pueden superar esa cifra, dejando a la familia en una situación económica crítica sin una red de apoyo estatal.
Desde Arbizu & Gamarra, asumimos la defensa legal de la familia Caballero en este difícil momento, exigiendo justicia y planteando la necesidad de reformas legales que realmente garanticen la protección de las víctimas.