El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, ha expresado su profunda preocupación por el presunto uso excesivo de la fuerza pública durante las protestas de diciembre de 2022 en Perú. El elevado número de muertos y heridos, especialmente entre comunidades indígenas y rurales, es alarmante y contraviene tanto las normas internacionales como la Constitución del Perú, que garantizan estas libertades fundamentales.
Voule señala que la represión y la estigmatización de los manifestantes representan una oportunidad perdida para que el país aborde las causas subyacentes de las protestas. Entre estas causas se encuentran las desigualdades, la discriminación, la pobreza, la distribución injusta de la riqueza y los recursos, la degradación ambiental y la falta de participación ciudadana. En lugar de reprimir las manifestaciones, el gobierno debería haber utilizado este momento para implementar cambios significativos que ataquen estos problemas estructurales.
En su informe, el Relator Especial propone una serie de recomendaciones que urge al gobierno peruano considerar e implementar. Estas recomendaciones buscan asegurar que los derechos de reunión pacífica y de asociación sean plenamente respetados y protegidos.
La protesta es un derecho fundamental, y los ciudadanos no deberían enfrentar la muerte o lesiones por ejercerlo legítimamente. Es imperativo que el gobierno peruano tome medidas concretas para garantizar que los derechos humanos sean respetados y que se promueva un entorno donde la participación ciudadana y la justicia social sean priorizadas.
Lee el informe completo del Relator Especial y conocer en detalle sus recomendaciones aquí: