Defendiendo la Legalidad en la Función Pública

El Estudio Arbizu & Gamarra ha logrado el archivo de la investigación preliminar seguida contra un exdirector de la Dirección General de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, acusado injustamente de abuso de autoridad en agravio del Estado.
Este caso nos recuerda que el ejercicio de la función pública debe analizarse con criterios objetivos y legales, sin caer en interpretaciones que distorsionen la aplicación de la norma.
La denuncia tuvo su origen en la declaratoria de improcedencia de un recurso de apelación presentado por un extrabajador cesado a fines de los años 90. Este argumentaba que su solicitud había sido rechazada arbitrariamente, lo que derivó en una acusación de abuso de autoridad contra el exdirector.
Sin embargo, desde nuestro estudio demostramos que la decisión tomada se ajustó estrictamente al marco legal. El Ministerio Público, tras un análisis exhaustivo de los hechos, determinó que el investigado actuó con apego al principio de legalidad y dentro de sus competencias.

Nuestro equipo legal sustentó con pruebas contundentes que el exdirector actuó conforme a derecho. Algunos de los puntos determinantes para el archivo del caso fueron:

• Notificación conforme a la normativa: La improcedencia del recurso de apelación se basó en documentación proporcionada por la empresa tercerizadora de notificaciones, Mito Courier S.A.C., demostrando que el funcionario no tuvo injerencia directa en la gestión de plazos.
• Aplicación del principio de confianza: Se estableció que el exdirector actuó bajo la confianza legítima en la correcta gestión de los procedimientos administrativos por terceros especializados.
• Plazo fuera de término: El recurso fue presentado fuera del tiempo legalmente establecido, lo que justificó su improcedencia.

Este caso reafirma la necesidad de contar con una defensa penal y técnica especializada para evitar que funcionarios sean procesados injustamente por decisiones administrativas tomadas conforme a la ley.
Desde el Estudio Arbizu & Gamarra, reiteramos nuestro compromiso con la justicia y el debido proceso, asegurando que ningún servidor público sea sancionado injustamente por ejercer sus funciones con responsabilidad y legalidad.
La defensa efectiva no solo protege a quienes han sido injustamente acusados, sino que también contribuye a fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica en el país.

#DefendemosCausasJustas