El caso de Hernán Núñez destaca la relevancia de proteger el derecho a la protesta en el Perú, un derecho fundamental en una democracia. Aunque Núñez fue acusado del delito de entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos debido a su supuesta participación en una manifestación, este proceso judicial también refleja el riesgo de penalización de la protesta pacífica. La importancia de este caso radica en la necesidad de garantizar que la participación en protestas no sea motivo de persecución o criminalización.
La denuncia contra Hernán Núñez surgió a partir de su presencia en la Plaza Bélgica, en el centro de Lima, en horas de la noche durante una protesta en contra de la gestión municipal de Luis Castañeda Lossio el 5 de mayo de 2016. A Núñez se le imputó haber participado en la organización y desarrollo de la marcha, acusándolo de haber entorpecido el funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, la defensa de Núñez presentó pruebas que demostraron que, al momento de la concentración y el recorrido de la manifestación, Núñez se encontraba en una sesión ordinaria del Concejo Municipal, lo que hacía imposible su participación en los hechos por los cuales fue acusado.
El 18 de julio de 2024, la primera instancia judicial declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento presentado por el Ministerio Público, previa solicitud de la defensa de Núñez, argumentando la falta de pruebas que acrediten su participación en el supuesto delito. Sin embargo, la Procuraduría de la Municipalidad Metropolitana de Lima apeló esta decisión, lo que llevó a que el caso fuera revisado nuevamente por la Corte Superior de Justicia de Lima.
Finalmente, el 29 de agosto de 2024, la Corte ratificó el sobreseimiento, señalando que no existían elementos suficientes para procesar a Hernán Núñez. Este fallo representa no solo una victoria legal para Núñez, sino también un avance en la protección del derecho a la protesta pacífica, destacando la necesidad de asegurar que los ciudadanos puedan expresar su descontento sin temor a ser criminalizados.
Este caso pone de manifiesto la importancia de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial el derecho a la reunión y la libre expresión. En una democracia, la protesta es una herramienta legítima para expresar descontento y exigir cambios, y es fundamental que su ejercicio no sea penalizado.
Desde el Estudio Arbizu & Gamarra, celebramos esta decisión y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos. Continuaremos trabajando para asegurar que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que la justicia prevalezca en todos los ámbitos de la vida pública.