Creemos que la transparencia en el acceso a la información no es un acto voluntario (ni arbitrario) del Estado, sino un derecho fundamental de la ciudadanía. Por ello, patrocinamos al periodista Ernesto Cabral, de La Encerrona, en su lucha por obtener información sobre el uso de los vehículos asignados a la presidenta Dina Boluarte desde diciembre de 2022.
Palacio de Gobierno negó inicialmente el acceso a estos registros argumentando que eran información reservada por razones de seguridad. Sin embargo, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) falló a favor del periodista, ordenando que se entregue la información solicitada o se justifique, con criterios claros y específicos, su clasificación como reservada.
Este fallo marca un precedente clave para el acceso a la información en el país. La negativa del Despacho Presidencial no cumplió con los requisitos legales para restringir el acceso a estos datos, y la apelación presentada por nuestro estudio permitió que el Tribunal reconociera la invalidez de esta restricción.
La resolución no solo reafirma el derecho de los periodistas y la ciudadanía a exigir información pública, sino que también impide que el Estado oculte datos de interés con argumentos genéricos de reserva. No se trata solo de documentos, sino del derecho a fiscalizar el uso de los recursos públicos y exigir rendición de cuentas.
El acceso a la información es un pilar de la democracia y una herramienta esencial para el periodismo de investigación. Casos como este demuestran que existen mecanismos legales para defender este derecho y que, con el respaldo adecuado, es posible vencer barreras impuestas por el poder de turno.
Palacio de Gobierno tiene ahora siete días hábiles para entregar la información o sustentar, con base legal válida, su clasificación como reservada.
Desde Arbizu & Gamarra, seguimos comprometidos con la defensa del acceso a la información y la transparencia en la gestión pública.
Abrir "El Cofre" no es solo un caso ganado; es abrir las puertas de la fiscalización ciudadana y reafirmar que la rendición de cuentas es un deber, no una opción.