A las once y veintrés de la mañana, en una oficina pública de Lima, un hombre sonríe mientras el amigo de un primo desaparece deshonestamente el registro de una multa. Su multa. Afuera el tráfico ruge y enerva, como siempre, como cada día. Un policía mira el celular apoyado en una pared húmeda. Dos vendedores ambulantes discuten por unos metros de vereda. El hombre guarda el documento en el bolsillo y experimenta alivio, pero no solo eso. Es algo más difícil de nombrar. Un pequeño placer secreto. El goce de haber escapado, de haber quedado, aunque sea por un instante, por encima de la regla y por encima de los otros ciudadanos, los obligados a cumplir.
Horas después, en una cafetería de Miraflores, alguien llama “terruco” a un dirigente social sin prueba alguna, simplemente porque cuestiona a determinados grupos de poder o critica decisiones estatales. La mesa ríe. Nadie cree haber lesionado seriamente la dignidad de otra persona. Todo parece parte del lenguaje ordinario de la discusión política peruana. Sin embargo, detrás de la escena vuelve a aparecer ese fenómeno invisible: el placer de expulsar simbólicamente a otro fuera de la comunidad legítima de ciudadanos.
Ambas escenas parecen insignificantes. No lo son.
Tal vez allí, en esos actos microscópicos y aparentemente triviales, se encuentre una de las claves para comprender el fracaso de la República del Perú.
En 1821 nació formalmente la República. O, para ser preciso, parió el intento jurídico-político de construir un Estado-nación republicano sobre un territorio extraordinariamente heterogéneo. Las guerras de independencia destruyeron el aparato colonial español, pero no consiguieron producir una comunidad política integrada bajo parámetros efectivos de igualdad ciudadana.
El nuevo Estado heredó un espacio compuesto por pueblos indígenas andinos y amazónicos, comunidades afrodescendientes, élites criollas, poblaciones mestizas, migrantes y múltiples sistemas culturales, lingüísticos y territoriales, profundamente distintos entre sí.
Sin embargo, la República del Perú intentó organizar esa pluralidad mediante categorías políticas inspiradas en modelos europeos provenientes de naciones y sociedades distintas.
Allí comenzó el problema estructural de la República peruana.
El Perú nunca constituyó una nación homogénea y, probablemente,nunca debió intentar serlo.
La teórica poscolonial india desarrolló el concepto de subalternidad para describir a grupos históricamente subordinados cuya capacidad de intervención política y producción discursiva queda desplazada dentro de las estructuras de poder. Son personas sin voz social. La historia republicana peruana puede leerse, precisamente, como una larga producción institucional y cultural de subalternidades.
Los pueblos indígenas andinos y amazónicos, las comunidades rurales y amplios sectores populares urbanos fueron incorporados como objetos de administración estatal, tutela burocrática o representación indirecta. La República legisló sobre ellos, gobernó sobre ellos y habló en nombre de ellos, pero no construyó mecanismos suficientes para garantizar su participación efectiva en la deliberación pública y en la toma de decisiones colectivas.
La ciudadanía peruana nació jurídicamente formal, pero materialmente fragmentada.
Las constituciones reconocen igualdad. La experiencia cotidiana reproduce jerarquías.
En Lima, alguien pregunta de qué colegio vienes antes, siquiera, de indagar por tu nombre. En televisión, se sospecha automáticamente de dirigentes campesinos cuando protestan. En muchas oficinas públicas y privadas, el trato cambia según el apellido, el dejo, la ropa, el físico o el distrito de procedencia. Las poblaciones indígenas en aislamiento o contacto inicial son observadas, por ejemplo, como curiosidades antropológicas o piezas exóticas situadas fuera de la comunidad de ciudadanos.
Nadie se declara enemigo de la democracia. Todos afirman creer en la igualdad. Casi todos. Sin embargo, el cuerpo social peruano continúa estructurado alrededor de jerarquías simbólicas profundamente arraigadas.
Allí aparece un fenómeno decisivo para comprender el funcionamiento real de la sociedad peruana: el goce de la exclusión.
Desde una lectura inspirada en la noción lacaniana de goce, puede sostenerse que, en el Perú, operan formas preconscientes de satisfacción asociadas a la diferenciación jerárquica respecto del otro. “Cholear”, ridiculizar, excluir, humillar o acceder informalmente a privilegios produce placer simbólico: permite ocupar una posición superior dentro del orden social.
Ese placer rara vez se reconoce conscientemente. El individuo que discrimina muchas veces no se percibe como discriminador. El ciudadano que corrupto --no corruptor, horrendo eufemismo-- no se percibe como tal. Ambos experimentan, sí, satisfacción al comprobar que pudieron colocarse sobre otro o, incluso, arriba de la propia norma.
La corrupción deja, entonces, de ser únicamente una infracción legal o un problema administrativo. También funciona como mecanismo informal de reconocimiento, diferenciación y producción de estatus.
Cuando las reglas operan históricamente de manera desigual, burlarlas deja de sentirse excepcional y comienza a percibirse como una forma de acceso práctico a dignidad, poder o ventaja.
José María Arguedas comprendió antes que muchos que, en el Perú, coexistían mundos culturales superpuestos incapaces de integrarse plenamente dentro de un proyecto nacional compartido. Mario Vargas Llosa narró, posteriormente, la degradación moral y política de una república donde las relaciones de poder terminan contaminando todos los espacios sociales. César Vallejo descendió, más hondo, para encontrar el sufrimiento humano producido por estructuras históricas radicalmente injustas.
El Perú produjo gigantes, extraordinarios. Vallejo. Vargas Llosa. Arguedas. Juan Diego Flórez. Teófilo Cubillas. Cecilia Tait. Los fondistas andinos. Los tablistas. Científicos capaces de competir globalmente. Un país de creatividad humana inmensa y, simultáneamente, un Estado incapaz de convertir esa diversidad en ciudadanía integrada.
La República del Perú fracasó.
No porque faltara inteligencia colectiva. No por ausencia de capacidad histórica. Fracasó porque nunca propició, y menos aún, generó, una comunidad política basada en reconocimiento horizontal efectivo entre sujetos jurídicamente equivalentes.
El Perú necesita replantear su pacto político desde su propia complejidad histórica, cultural y territorial. Ello exige discutir seriamente mecanismos de representación política diferenciada para pueblos indígenas, pueblos originarios y minorías históricamente subordinadas. Demanda fortalecer formas de participación intercultural en la deliberación pública y reconocer que la homogeneidad republicana clásica nunca describió adecuadamente la realidad peruana.
El voto de todos tiene, necesariamente, que valer igual. Allí reside el núcleo democrático irrenunciable del principio de ciudadanía política. Pero la igualdad formal del sufragio resulta insuficiente cuando persisten subalternidades estructurales, exclusiones históricas y profundas asimetrías de reconocimiento social. Esas estructuras se representan, por ejemplo, en los recurrentes pedidos de fraude electoral que expresan, en el fondo, el no reconocimiento del voto del otro como equivalente.
La República peruana es una promesa incumplida.
Y, tal vez, el fracaso comenzó hace dos siglos, cuando un país inmensamente diverso intentó imaginarse como una nación uniforme. Tal vez, debió construirse instituciones capaces de deliberar, convivir y reconocerse desde las ventajas de ser diferentes. Porque en esas diferencias existen también distintas formas de comprender el mundo, resolver conflictos, relacionarse y construir comunidad. El Perú no necesita menos diversidad. Necesita aprender, por fin, a convertirla en una fuente de riqueza democrática y no de exclusión.