Sin esclarecer los hechos, sin participación de las víctimas, sin la debida diligencia, sin reproche alguno, sin sanción administrativa por el incumplimiento de la labor pública asignada, se archiva definitivamente la investigación disciplinaria de la Policía Nacional contra 11 oficiales de la Policía Nacional que, en noviembre de 2020, trasgredieron el marco legal de desempeño de la fuerza y del servicio público policial, y violaron los derechos humanos de Bryan, Inti y decenas de ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta y la defensa de la democracia.
El 29 de diciembre de 2023, el Tribunal de Disciplina Policial confirmó la decisión de la Inspectoría General de la Policía Nacional que, en febrero de ese mismo año, decidió la absolución de responsabilidad administrativa a todos y cada uno de los oficiales investigados, de las infracciones previstas en la tabla de infracciones de la Ley N° 30714, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú.
Permitir que los oficiales de la Policía Nacional responsables de estos graves hechos continúen en sus cargos y tengan posiciones de autoridad, genera un clima de abierta impunidad y crea las condiciones para que el contexto de violencia policial contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta persista e incluso se agrave.
Urge una necesaria reforma. La tramitación de la investigación administrativa disciplinaria, como la decisión final del procedimiento, deben estar a cargo de funcionarios independientes, jerárquica e institucionalmente, de la entidad pública cuyos oficiales se encuentran sujetos a la indagación por el incumplimiento del servicio público policial.
Conclusión Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para reformar el sistema disciplinario de la Policía Nacional. La impunidad no solo perpetúa la injusticia sino que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger sus derechos. No podemos permitir que la falta de rendición de cuentas se convierta en la norma; es crucial que los responsables de violaciones a los derechos humanos enfrenten las consecuencias de sus acciones para evitar la repetición de estos graves abusos.