Transparencia y Derecho a la Información Pública

Ronald Gamarra

Escrito por Ronald Gamarra

Mayo 21, 2024

El Estudio Arbizu & Gamarra celebra un significativo triunfo legal tras la resolución emitida por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP), que declaró fundado el recurso de apelación presentado por nuestro socio, Ronald Gamarra. Esta resolución no solo representa una victoria en términos legales, sino que también reafirma el compromiso del estudio con la transparencia y el acceso a la información pública.

El 23 de febrero de 2024 nuestro socio, Ronald Gamarra, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó al Tribunal Constitucional (TC) las actas del Pleno del Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) y del Tribunal Constitucional de los periodos 1980-1992 y 1996-2000. Esta solicitud fue respondida el 8 de marzo de 2024, con una negativa por parte del TC, alegando la inexistencia de las actas tanto en archivos físicos como digitales.

Gamarra apeló esta respuesta, argumentando que según la normativa vigente, el TC debería contar con estas actas, dado que forman parte de su acervo documentario transferido desde el TGC. El TGC fue el predecesor del TC y, según la Ley N° 26435, todos sus documentos deberían haber sido transferidos al nuevo tribunal.

El 26 de abril de 2024, el TTAIP emitió la Resolución N° 001654-2024-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, declarando fundado el recurso de apelación de Ronald Gamarra. En esta resolución, el TTAIP ordena al TC agotar la búsqueda de las actas solicitadas y, en caso de extravío o destrucción, tomar medidas necesarias para su recuperación, comunicando los avances al recurrente.

El Tribunal de Transparencia destacó que el TC no acreditó haber agotado todas las acciones necesarias para localizar la información requerida, ni justificó adecuadamente su inexistencia. La resolución enfatiza que las entidades públicas tienen la obligación de conservar y proporcionar la información, y en caso de pérdida, reconstruirla para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información.

Esta resolución es un recordatorio crucial de la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública. En un contexto donde la opacidad y la falta de rendición de cuentas pueden socavar la confianza pública, decisiones como esta fortalecen los pilares democráticos y el estado de derecho.

El argumento del TC sobre la antigüedad de los documentos y los eventos históricos que podrían haber llevado a su pérdida no puede ser una excusa para eludir responsabilidades. La obligación de las entidades públicas de conservar documentación y facilitar su acceso es fundamental para la transparencia y la fiscalización ciudadana.

Contexto Histórico

El Tribunal de Garantías Constitucionales, creado en 1980, fue el predecesor del actual Tribunal Constitucional, establecido por la Constitución de 1993. Durante sus años de funcionamiento, el TGC jugó un papel crucial en la defensa de los derechos constitucionales en Perú. Sin embargo, su cierre intempestivo en 1992, durante el autogolpe de Alberto Fujimori, marcó un periodo oscuro para la institucionalidad democrática en el país.

La creación del nuevo TC en 1993 supuso la transferencia de todos los recursos y documentos del TGC, según la Ley N° 26435. La normativa es clara al respecto: el nuevo tribunal heredó todas las responsabilidades y documentación del anterior, lo que incluye las actas solicitadas por Ronald Gamarra.

Conclusión

El fallo a favor de Ronald Gamarra es una victoria no solo para Arbizu & Gamarra, sino para todos aquellos que valoran la transparencia y el acceso a la información pública. Este caso subraya la necesidad de mantener registros públicos de manera profesional y garantizar que la información sea accesible para todos los ciudadanos.

Desde Arbizu & Gamarra, continuaremos defendiendo estos principios fundamentales, trabajando incansablemente para asegurar que la verdad y la justicia prevalezcan. Este triunfo es un testimonio de nuestro compromiso con los derechos fundamentales y la transparencia en la administración pública. Para más detalles sobre este importante caso, puedes leer la resolución completa aquí:

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